Por Hernán Alejandro Olano García
El 7 de enero de 1965 irrumpió en el panorama nacional el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de orientación castrista, comenzando a integrarse con la Brigada José Antonio Galán, de la cual hacían parte personas de la Federación Universitaria Nacional-FUN y de la Unión Camilista-UC y, antes de implantarse su proyecto revolucionario, éste comenzó en Miraflores, Boyacá y siguió a San Vicente de Chucurí, Santander, pasó luego al viejo Caldas y San Pablo en el Sur de Bolívar, los llanos orientales y el Tolima.
En 1975 se incorporaron células urbanas del magisterio bogotano, surgiendo también contradicciones con la denominada facción de los “históricos” que eran rurales. Luego, en 1978, el ELN llega a tener tan sólo treinta integrantes, pero se aprovechan, entre otros de los alcances del Paro Cívico Nacional del 27 de febrero de 1977 (“El Febrerazo”), lo cual les permite “reencaucharse” en la Comisión Coordinadora Nacional-CCN, el Frente Camilo Torres, el Frente Central y, el Frente José Lozano Sepúlveda.
En junio de 1987 se fusionó el ELN con el Movimiento MIR-Patria Libre y se dio origen a la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional UC-ELN, que reafirmaron en un congreso guerrillero en 1989. Hoy, la acción de su federación de frentes se ha extendido por muchas regiones del país, con la esperanza de un nuevo proceso de diálogo, que, en su momento inició cuando en 1992, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar realizó diálogos con el Gobierno Nacional en Tlaxcala, México, seguidos en 1993 por los diálogos de Maguncia, Alemania y se firmó el Acuerdo “Puerta del Cielo”, por el cual, el gobierno de Andrés Pastrana les otorgó estatus político.
Más adelante, en 2001, Gobierno y ELN firmaron la “Declaración de La Habana” y en 2005 se estableció la mesa de diálogo Gobierno-ELN; en 2007 se firmó la base de un Acuerdo de Paz y, en 2016 se dio a conocer la denominada fase pública de los diálogos, cuando se fijaron seis puntos de encuentro para la firma de un Acuerdo, “(i) la participación de la sociedad civil, lo cual no ocurrió plenamente desde el comienzo en los diálogos con las FARC-EP; (ii) Democracia para la Paz, con su reinserción civil, política y económica, con los ajustes que se le han hecho al Acuerdo Final y que será propicio renegociar; (iii) Transformaciones para la Paz, dentro de las cuales estará como protagonista la justicia transicional, toda vez que el ELN tiene 4984 casos judicializados por secuestros; (iv) Seguridad para la paz y dejación de armas, lo cual significa que el ELN debe reconocer a sus víctimas y debe liberar a sus 30 secuestrados y, (v) Garantías para la participación política, que seguramente será similar a la de las FARC, con voceros en el Congreso durante el resto del actual período legislativo y, curules propias durante los dos cuatrienios siguientes”.
Aunque en 2017 se retomaron los diálogos y se decretó un cese bilateral a partir de septiembre 30 de ese año, con ocasión de la visita del papa Francisco a Colombia, el ELN incumplió su compromiso y no dio muestras de arrepentimiento alguno en las mesas de negociación de Quito, Ecuador, lo cual llevó al siguiente gobierno, de Iván Duque a suspender cualquier acercamiento con ellos, hasta la llegada de la administración 2022-2026.
Desde hace un mes, en 2022, el gobierno de Gustavo Petro ha hablado de un proceso de paz total, pero aún, no se evidencias claramente los propósitos de negociación, no obstante, los seis puntos que aún están por desarrollarse, o a ampliarse, debido a la inclusión de otros grupos al proceso y, a la indefinición temporal de la sede definitiva de los diálogos: Cuba, Chile o España.
La mesa está servida, los negociadores del gobierno y del Congreso, listos a actuar, pero, siempre ha habido dudas acerca de los buenos propósitos de paz por el ELN y sus dirigentes. Esperamos que se puedan dar las circunstancias para que se cubran las expectativas de la campaña electoral y para que la paz reine en Colombia, no obstante el ruido sordo de la pólvora en contra de los policías en Neiva.
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