La ciudadanía bogotana y en particular, de la Localidad de Fontibón y de sectores como el barrio Hayuelos, continúa a la espera de que los tan mencionados “programas, políticas y medidas” implementados por el Estado para resolver esta difícil situación generada por el uso del espacio público por parte de la venta informal, llegue a acuerdos que no sigan afectando ni atropellando a ninguna de las partes.
Mientras no haya un acuerdo entre las partes, que, por un lado, no coarte el derecho constitucional al trabajo y, por otro, que evite seguir afectando de manera extrema e ilegal a residentes de sectores en donde se da la invasión al espacio público por parte de vendedores informales, las innumerables problemáticas generadas por la venta informal en calles, andenes y espacio público (ver edición 164 de enero de 2024) seguirán, con la actual impotencia de las autoridades de Policía, para -de acuerdo con el actual e insuficiente marco legal- atender las innumerables denuncias y quejas que a este respecto se reciben día a día.
La labor no es fácil, antes, es muy compleja, pero sigue siendo una tarea pendiente por resolver, tanto por el ejecutivo (alcaldías locales y distritales), como por los mismos legisladores.
Sin duda, falta en la actualidad la implementación urgente de programas eficaces y con presupuesto suficiente, que sean realmente sugestivos y beneficiosos para los vendedores informales, es una de las conclusiones.
Tal como lo habíamos anunciado, dialogamos con vendedores informales, quienes además de manifestar que, por lo menos en la localidad de Fontibón, en una amplia mayoría sí están organizados, justifican el uso que le dan hoy al espacio público de esta localidad para seguir con sus ventas, en varios argumentos.
“La venta informal se genera por la falta de oportunidades laborales que existe en el país, ante lo cual los mismos hoy vendedores informales, antes que dedicarse a la delincuencia, prefieren el denominado rebusque, saliendo a las calles a sobrevivir y luchar por poder darles una vida digna a sus hijos y familias, gracias a sus emprendimientos y negocios”, así lo manifestó Isabel Arias, representante de los vendedores informales ante el actual Consejo de Planeación Local (CPL) de Fontibón.
A ello se suma, prosigue Isabel, “que somos los vendedores informales quienes en el día a día, movemos la economía del país y con nuestra actividad hemos ayudado a su sostenimiento. ¿Qué sería del país, con esa cantidad de desempleados, si no hubiéramos acudido a esta alternativa de la venta informal? Porque, por otra parte, es claro que si el Estado nos proveyera de oportunidades laborales, de seguro no existiría la venta informal”.
Y agrega, como tercer argumento: “la venta informal aporta a la seguridad del país porque mantenemos a personas circulando en parques, andenes y sitios neurálgicos en donde gracias a eso no hay ladrones. Si no estuviéramos nosotros ocupando esos espacios, muy seguramente estarían tomados u ocupados por la delincuencia”.
A este respecto, varios de los vendedores con quienes dialogamos, manifestaron que los juicios que hacen contra ellos, en la mayoría de casos, no son ciertos: “No somos ladrones, ni generamos inseguridad, ni escondemos la delincuencia, ni somos sucios o arriesgamos la salud de los consumidores, vendiéndoles productos dañados”.
Contrario a lo que ocurría hace un par de décadas, la Corte Constitucional ha proferido sentencias, como la C-211 de 2017 y la 772 de 2003, apoyando el respeto a la actividad de la venta informal, además que hoy, en particular en Bogotá, el Concejo Distrital, además de institucionalizar los consejos locales y el Consejo Distrital de Vendedores Informales, ha reconocido a los vendedores informales como actores, al incluir su actividad en el marco de los planes de desarrollo de la ciudad.
“Las autoridades competentes, primero, deben ofrecer programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, garantizándoles los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la vida en condiciones de dignidad. La autoridad policial también debe contar con la autorización de un proceso administrativo previo”.
“En aplicación del principio del Estado Social de Derecho y en el contexto de las condiciones sociales y económicas actuales de la capital, las autoridades distritales competentes están en el deber constitucional de incorporar, como parte integrante de dichas políticas, programas o medidas de recuperación del espacio público, un componente obligatorio de provisión de alternativas económicas para quienes dependen del comercio informal para su sustento vital, el cual se debe haber formulado con base en una evaluación y un seguimiento previos y detallados de las condiciones sociales y económicas reales y cambiantes de la capital, con miras a asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales a medida que cambia el contexto dentro del cual se van a implementar, de tal manera que exista correspondencia entre tales políticas, programas y medidas, y las dimensiones y características del problema social a resolver. En ausencia de este componente, que se debe ofrecer en principio a todos los comerciantes afectados en forma previa a su desalojo, la política, programa o medida correspondiente será ostensiblemente lesiva de los mandatos constitucionales -es decir, inadmisible por su carácter desproporcionado-”. Apartes de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional Colombiana.
En conclusión, la aplicación inmediata de la multa, el decomiso o la destrucción de bienes resultaría desproporcionada, si previamente no se han adelantado programas de reubicación o brindado alternativas de trabajo formal que materialicen los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo de los vendedores informales.
Finalmente, solo resta ratificar que la oferta de la venta informal existe en un determinado sitio, solo porque hay demanda de la misma.
De igual manera, la ciudadanía bogotana y en particular, de la Localidad de Fontibón y de sectores como el barrio Hayuelos, continúa a la espera de que los tan mencionados “programas, políticas y medidas” implementados por el Estado para resolver esta difícil situación generada por el uso del espacio público por parte de la venta informal, llegue a acuerdos que no sigan afectando ni atropellando a ninguna de las partes.
Lo que sí es cierto es que en lo inmediato y para que no se siga ahondando esta problemática, la venta informal debe someterse al cumplimiento de normas establecidas y convenidas con sus mismos representantes y voceros, como el no continuar contaminando auditivamente con el uso indebido de altoparlantes, el no uso de cilindros de gas por encima de la capacidad establecida, el no generar basuras en su entorno, el guardar todas las medidas para brindar comestibles en buen estado, el no invadir u obstruir andenes, espacios y calzadas por donde -con todo derecho- circulan peatones y vehículos, además de los mismos paraderos del SITP, entre muchos otros.
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